Desde 1967, La Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual se ha dedicado al reconocimiento y la
protección de la propiedad intelectual y, entre otros aspectos, del
derecho de autor. Esta organización de carácter casi universal, pues
cuenta con 185 estados miembros, con sede en Ginebra, forma parte de la
familia de organismos del sistema de Naciones Unidas.
La OMPI se ocupa de llevar a cabo esta
misión de reconocimiento y protección de la propiedad intelectual, que
es de capital importancia para preservar el dinamismo económico y la
vitalidad creativa de nuestras sociedades, por medio de diversos cauces.
Estos cauces cubren un amplio espectro
que va de la prestación de servicios (administración de sistemas de
patentes, marcas, denominaciones de origen…) al establecimiento de
infraestructuras relacionadas con su mandato (redes de colaboración,
plataformas técnicas).
Pero sin duda, el cauce principal es su labor
normativa.
En este terreno, la OMPI, como por
cierto todas las organizaciones del sistema “onusiano”, tiene la
ventaja de ofrecer un foro amplio y representativo de negociación de
normativa aplicable a todos sus estados miembros, cualquiera que sea su
fase de desarrollo. Esta labor es fundamental en la lucha contra una
de los mayores desafíos a los que la economía y la producción artística
de nuestras sociedades contemporáneas han de enfrentarse: la piratería.
En tiempos recientes, y a medida que el
desafío ha ido incrementándose, la labor normativa de la OMPI lo ha
hecho también, si bien con desfase, hasta cierto punto normal si se
considera que, como he apuntado antes, se negocia en su seno entre 185
países, todos los cuales tienen voz y voto. El Tratado que se concluyó
el pasado año en Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones
audiovisuales es un importante logro. En el camino están dos posibles
futuros instrumentos jurídicos más: el dirigido a las personas con
discapacidad visual/personas con dificultades para acceder al texto
impreso (cuya fase final se negociará en Marrakesh en junio de este año)
y el de protección de los organismos de radiodifusión, que idealmente
debería concluirse en 2014.
Además de la labor normativa, la OMPI se
consagra a la lucha contra la piratería por dos vías: la asistencia
técnica y el diálogo político e institucional. La primera vía constituye
quizá el instrumento más eficaz con el que cuenta la organización y se
concreta en tareas de formación (de jueces, policía, personal de
aduanas, de oficinas de patentes y marcas…) y en campañas de
concienciación - que básicamente buscan convencer a los usuarios de los
perjuicios que la piratería causa- y que abarcan desde el diseño de
campañas nacionales a la introducción de los temas de propiedad
intelectual en el curriculum académico desde la enseñanza primaria.
En
cuanto al diálogo político- institucional, entre otras labores, la OMPI
se coordina con organismos como Interpol o la Organización Mundial de
Aduanas para intercambiar experiencias e información.
La OMPI es un buen ejemplo práctico de
la relevancia del multilateralismo en el mundo actual, mediante la
búsqueda de soluciones a los retos a los que nuestras sociedades se
enfrentan, derivados, en este caso, del avance, por lo demás imparable y
deseable, de las nuevas tecnologías.
Ana María Menéndez Pérez
Representante Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra.
Fuente: http://blogs.cincodias.com
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